No debate que mantivemos onte no Parlamento houbo ocasión de tratar o tema da lingua dun xeito máis amplo que noutras ocasións. Moitos dos lectores do meu blog manifestaron a súa preocupación por este asunto e fixeron varias cuestións respecto diso. O sentir da rúa é practicamente o mesmo, polo que podemos dicir sen medo que en Galicia temos enriba da mesa un conflito lingüístico sen precedentes, creado dende o propio Goberno.
Precisamente, un dos compromisos do PPdeG é o de derrogar o decreto do galego no ensino, no caso de que os galegos e as galegas outóguennos a súa confianza tras os comicios autonómicos.
Sen dúbida, debo aclarar ademais que ésta será unha das primeiras decisións que adoptarei na Presidencia da Xunta.
O texto actual -aprobado polo PSOE e polo BNG- é discriminatorio cos pais, cos alumnos e cos profesores, mentres que a nosa política lingüística sempre estivo e estará de acordo co que indica o Estatuto de Autonomía, un texto que sinala expresamente que ninguén poderá ser discriminado pola fala.
É preciso recuperar o consenso neste ámbito, e este consenso pasa por falar con todas as forzas políticas co obxectivo de redactar un novo decreto, que non discrimine, que busque un bilingüismo cordial, froito do entendemento, e onde teña unha parte moi importante o inglés. Esta nova normativa non significa outra cousa máis que outorgar de novo a liberdade aos pais para educar no idioma que desexen.
Este “decreto da convivencia” é o noso obxectivo.
Precisamente, un dos compromisos do PPdeG é o de derrogar o decreto do galego no ensino, no caso de que os galegos e as galegas outóguennos a súa confianza tras os comicios autonómicos.
Sen dúbida, debo aclarar ademais que ésta será unha das primeiras decisións que adoptarei na Presidencia da Xunta.
O texto actual -aprobado polo PSOE e polo BNG- é discriminatorio cos pais, cos alumnos e cos profesores, mentres que a nosa política lingüística sempre estivo e estará de acordo co que indica o Estatuto de Autonomía, un texto que sinala expresamente que ninguén poderá ser discriminado pola fala.
É preciso recuperar o consenso neste ámbito, e este consenso pasa por falar con todas as forzas políticas co obxectivo de redactar un novo decreto, que non discrimine, que busque un bilingüismo cordial, froito do entendemento, e onde teña unha parte moi importante o inglés. Esta nova normativa non significa outra cousa máis que outorgar de novo a liberdade aos pais para educar no idioma que desexen.
Este “decreto da convivencia” é o noso obxectivo.
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233 comentarios:
«El más antiguo ‹Más antiguo 201 – 233 de 233"Me permito reiterarle la enorme preocupación del ámbito militar por este asunto. Por todo ello y tal vez abusando de su amabilidad, mantengo la esperanza de una respuesta por su parte que venga a tranquilizar los ánimos de todos los compañeros como de sus familias, respuesta y tranquilidad que podrían comenzar viendo su firma en el manifiesto que, en defensa de la lengua española, está en los medios de comunicación estos días", señala el presidente de AME, el coronel retirado Leopoldo Muñoz Sánchez, en su misiva remitida a la titular de Defensa el pasado 27 de junio y publicada en el último número de la Revista Militares, que edita esta organización.
En la carta, recogida por Europa Press, el presidente de AME subraya que el empleo de "una única lengua" resulta "imprescindible" en las Fuerzas Armadas, denuncia la campaña de la "Generalidad de Cataluña" para que "los inmigrantes rechacen el español" y asegura que esta actuación "preocupa enormemente" a los militares, al igual que "las actuaciones de los Gobiernos de las regiones vasca y gallega".
"La actuación de la Generalidad de Cataluña en cuanto a la aplicación de la inmersión lingüística y las consecuencias que ello puede tener tanto para los militares como sus familias es cosa que les preocupa enormemente, como no podría ser de otro modo. Lo mismo se podría afirmar de las actuaciones de los Gobiernos de las regones vasca y gallega", explica.
En ese sentido, advierte de que las "actuaciones" de los Ejecutivos autonómicos le llevan a la conclusión de que "el militar español" va a verse "obligado" a dedicar "un tiempo del que no dispone" al aprendizaje de "las varias lenguas de las regiones".
En su opinión, la postura de los Gobiernos autonómicos también llevará a los familiares de soldados, suboficiales y oficiales a tener que aprender las lenguas cooficiales a pesar de que la Constitución y "diversas leyes españolas" reconozcan su derecho a utilizar el castellano.
Tras considerar que la Carta Magna y las mencionadas normas nacionales que reconocen el castellano como lengua oficial podrían quedar "en un papel absoluta y totalmente mojado" por las "actuaciones" de los Gobiernos autonómicos, el presidente de AME asegura que "ya se están comenzando a dar casos concretos" de militares que dejan a sus familias en su lugar de origen cuando son trasladados a comunidades con lengua cooficial.
"Posiblemente, lo más esperpéntico sería que los militares españoles recibieran la consideración de extrajeros en una región de España. ¿Tendrían que tener pasaporte en el interior de una de las naciones que constituyen la Unión Europea?. ¿Serían considerados como 'Ejército de Ocupación'", se pregunta.
El presidente de la Asociación de Militares Españoles concluye la misiva, de la que asegura no haber obtenido respuesta ni "acuse de recibo", con la invitación a la titular de Defensa para que estampe su firma en el manifiesto en defensa del castellano.
¿tiene usted blog en español? Ya puede usted empezar a hablar clarito no solo en Madrid y delante de fuerzas vivas. Tambien aquí. Posiciónese usted sobre educación, lengua, eutanasia, economia, despilfarro santiagués etc. etc. De seguir así su partido y usted mismo ... Ya ve como le van las encuestas y eso no es nada. Somos muchos los que decidimos no votarles y su obligación es recuperarnos pero al paso que va su jefe el falso (ahora tambien hay que controlar a la prensa) lo dudo.
Más argumentos para el debate.
Ya que algunos están empeñados en hacer corta-pega con los manifiestos y artículos que aparecen en la página de Galicia Bilingüe, yo también voy a hacer otro corta-pega, con un interesante artículo donde se plantea si el reivindicado "derecho" de elección de los padres a escoger el idioma en que han de ser escolarizados sus hijos es o no un derecho.
¿Qué derechos lingüísticos?
IGNACIO SÁNCHEZ-CUENCA 16/07/2008
El Manifiesto por la lengua común ha desencadenado un fuerte debate. En mi opinión, contiene quejas razonables y otras que no lo son tanto. Parece claro que los nacionalistas han cometido ciertos excesos, pues, en efecto, no se entiende que si algunos territorios aspiran al bilingüismo, la rotulación de las vías públicas se haga exclusivamente en la lengua local, o que las instituciones se dirijan a los ciudadanos sólo en la lengua local.
Los usuarios de estas lenguas locales tienen también sus agravios. Se quejan de que la justicia se desarrolle sólo en español, o de que haya muchas trabas al uso de las lenguas locales en las instituciones políticas españolas. Pero todas estas protestas, tanto las de unos como las de los otros, podrían resolverse razonablemente si hubiera voluntad de acuerdo.
El Manifiesto, sin embargo, va mucho más lejos. Se afirma que no sólo existen los despropósitos antes mencionados, sino que, además, y esto sería mucho más grave, las políticas lingüísticas de algunas comunidades autónomas violan derechos de los castellanohablantes cuando les obligan a recibir la educación en la lengua local. La referencia a los derechos de las personas no es baladí. Si verdaderamente la elección de la lengua que se utilice en la enseñanza constituye un derecho, la política lingüística de comunidades autónomas como Cataluña sólo podría entenderse como una imposición que no respeta la libertad de las personas. De ahí el conflicto que denuncian entre "políticas nacionalistas" y "libertades ciudadanas".
Pero cabe cuestionar si el derecho del que hablan los partidarios del Manifiesto existe. El Tribunal Constitucional no lo ha entendido así, pues ha frenado todos los intentos por impugnar la política lingüística catalana. Los redactores del Manifiesto son conscientes de que no pisan terreno firme y por eso dan a entender, sin argumentación alguna, que ese derecho existe pero no está reconocido en nuestro ordenamiento jurídico, ante lo cual piden una reforma constitucional.
Piden, pues, una reforma constitucional los mismos que hace unos años criticaban, con la agresividad que estilan, a cualquiera que cuestionara la Constitución de 1978; para ellos, entonces, el fundamento último de nuestra convivencia democrática. Exigen ahora una reforma que rompería la convivencia lingüística de Cataluña, pero que podría reportar votos al partido de los impulsores del Manifiesto, UPD.
En cualquier caso, ¿tiene sentido hablar del derecho de las personas a elegir la lengua vehicular de la enseñanza? Cabe dudarlo. Qué contenidos deban impartirse en los colegios públicos es una decisión política de los poderes públicos. En España, por ejemplo, nadie tiene el derecho a recibir enseñanza pública religiosa en la que se apoye el creacionismo y se condene la teoría de la evolución, del mismo modo que no existe el derecho a no recibir Educación para la Ciudadanía si las autoridades deciden que esa asignatura forme parte de los planes de estudios.
En Cataluña se decidió, en virtud de un amplio acuerdo político y social, que el catalán fuera la lengua de enseñanza en el sistema público. Como en toda decisión política, habrá personas que se opongan. Pero eso no quiere decir que sus "derechos" hayan sido menoscabados.
Quizá el principal inconveniente de plantear el problema lingüístico en términos de derechos es que no analiza las consecuencias que puedan tener las distintas políticas de la lengua. Si hubiera un derecho ciudadano al respecto, habría que respetarlo, con independencia de los problemas que se puedan generar por ello. Así, puesto que el Manifiesto se mueve en un plano puramente ideológico, las cuestiones políticas que es necesario tener en cuenta no se mencionan.
¿Acaso impide el sistema catalán de inmersión el aprendizaje del español? Hasta el momento, no se han ofrecido datos que permitan responder afirmativamente. Si el catalán no fuera lengua de enseñanza, ¿llegarían a ser bilingües los castellanohablantes que viven en Cataluña? La situación entre las dos lenguas es tan asimétrica a favor del español por su abrumadora presencia social, que la mayoría de los catalanes piensa que no. Y de lo que se trata, como señaló Josep Ramoneda en este periódico, es de que se rompa de una vez en Cataluña la asimetría entre ciudadanos monolingües en castellano y ciudadanos bilingües. Por último, ¿acaso eliminar el catalán como lengua exclusiva de enseñanza no fracturaría la sociedad catalana en dos mitades lingüísticas, una de las cuales, la de los monolingües castellanos, no tendría la oportunidad de acceder a los trabajos que requieren el conocimiento del catalán, como por ejemplo los de la Administración catalana?
Los promotores del Manifiesto no han abordado estas cuestiones. Han preferido defender sus posiciones a base de responder a críticas especialmente lunáticas y zafias. Esa salida es tan decepcionante como lo sería atacar el Manifiesto por el hecho de que lo hayan ensalzado reaccionarios de toda laya. El debate sólo será provechoso si se abandona la demagogia de los derechos y se discute con datos y argumentos sobre el fin a alcanzar (bilingüismo efectivo o dominio del castellano en las comunidades con lengua propia) y los medios para conseguirlo. Justo lo contrario de lo que han hecho hasta el momento los intelectuales firmantes del Manifiesto.
Ignacio Sánchez-Cuenca es profesor de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid
Más argumentos para el debate.
Ya que algunos se empeñan en hacer corta-pega con manifiestos, artículos y comentarios extraidos de la página de Galicia Bilingüe, yo también hago otro corta-pega de un interesante artículo que plantea si el reivindicado "derecho" de los padres a la libertad de elección del idioma en que han de ser escolarizados sus hijos es o no un derecho.
¿Qué derechos lingüísticos?
El Manifiesto por la lengua común ha desencadenado un fuerte debate. En mi opinión, contiene quejas razonables y otras que no lo son tanto. Parece claro que los nacionalistas han cometido ciertos excesos, pues, en efecto, no se entiende que si algunos territorios aspiran al bilingüismo, la rotulación de las vías públicas se haga exclusivamente en la lengua local, o que las instituciones se dirijan a los ciudadanos sólo en la lengua local.
Los usuarios de estas lenguas locales tienen también sus agravios. Se quejan de que la justicia se desarrolle sólo en español, o de que haya muchas trabas al uso de las lenguas locales en las instituciones políticas españolas. Pero todas estas protestas, tanto las de unos como las de los otros, podrían resolverse razonablemente si hubiera voluntad de acuerdo.
El Manifiesto, sin embargo, va mucho más lejos. Se afirma que no sólo existen los despropósitos antes mencionados, sino que, además, y esto sería mucho más grave, las políticas lingüísticas de algunas comunidades autónomas violan derechos de los castellanohablantes cuando les obligan a recibir la educación en la lengua local. La referencia a los derechos de las personas no es baladí. Si verdaderamente la elección de la lengua que se utilice en la enseñanza constituye un derecho, la política lingüística de comunidades autónomas como Cataluña sólo podría entenderse como una imposición que no respeta la libertad de las personas. De ahí el conflicto que denuncian entre "políticas nacionalistas" y "libertades ciudadanas".
Pero cabe cuestionar si el derecho del que hablan los partidarios del Manifiesto existe. El Tribunal Constitucional no lo ha entendido así, pues ha frenado todos los intentos por impugnar la política lingüística catalana. Los redactores del Manifiesto son conscientes de que no pisan terreno firme y por eso dan a entender, sin argumentación alguna, que ese derecho existe pero no está reconocido en nuestro ordenamiento jurídico, ante lo cual piden una reforma constitucional.
Piden, pues, una reforma constitucional los mismos que hace unos años criticaban, con la agresividad que estilan, a cualquiera que cuestionara la Constitución de 1978; para ellos, entonces, el fundamento último de nuestra convivencia democrática. Exigen ahora una reforma que rompería la convivencia lingüística de Cataluña, pero que podría reportar votos al partido de los impulsores del Manifiesto, UPD.
En cualquier caso, ¿tiene sentido hablar del derecho de las personas a elegir la lengua vehicular de la enseñanza? Cabe dudarlo. Qué contenidos deban impartirse en los colegios públicos es una decisión política de los poderes públicos. En España, por ejemplo, nadie tiene el derecho a recibir enseñanza pública religiosa en la que se apoye el creacionismo y se condene la teoría de la evolución, del mismo modo que no existe el derecho a no recibir Educación para la Ciudadanía si las autoridades deciden que esa asignatura forme parte de los planes de estudios.
En Cataluña se decidió, en virtud de un amplio acuerdo político y social, que el catalán fuera la lengua de enseñanza en el sistema público. Como en toda decisión política, habrá personas que se opongan. Pero eso no quiere decir que sus "derechos" hayan sido menoscabados.
Quizá el principal inconveniente de plantear el problema lingüístico en términos de derechos es que no analiza las consecuencias que puedan tener las distintas políticas de la lengua. Si hubiera un derecho ciudadano al respecto, habría que respetarlo, con independencia de los problemas que se puedan generar por ello. Así, puesto que el Manifiesto se mueve en un plano puramente ideológico, las cuestiones políticas que es necesario tener en cuenta no se mencionan.
¿Acaso impide el sistema catalán de inmersión el aprendizaje del español? Hasta el momento, no se han ofrecido datos que permitan responder afirmativamente. Si el catalán no fuera lengua de enseñanza, ¿llegarían a ser bilingües los castellanohablantes que viven en Cataluña? La situación entre las dos lenguas es tan asimétrica a favor del español por su abrumadora presencia social, que la mayoría de los catalanes piensa que no. Y de lo que se trata, como señaló Josep Ramoneda en este periódico, es de que se rompa de una vez en Cataluña la asimetría entre ciudadanos monolingües en castellano y ciudadanos bilingües. Por último, ¿acaso eliminar el catalán como lengua exclusiva de enseñanza no fracturaría la sociedad catalana en dos mitades lingüísticas, una de las cuales, la de los monolingües castellanos, no tendría la oportunidad de acceder a los trabajos que requieren el conocimiento del catalán, como por ejemplo los de la Administración catalana?
Los promotores del Manifiesto no han abordado estas cuestiones. Han preferido defender sus posiciones a base de responder a críticas especialmente lunáticas y zafias. Esa salida es tan decepcionante como lo sería atacar el Manifiesto por el hecho de que lo hayan ensalzado reaccionarios de toda laya. El debate sólo será provechoso si se abandona la demagogia de los derechos y se discute con datos y argumentos sobre el fin a alcanzar (bilingüismo efectivo o dominio del castellano en las comunidades con lengua propia) y los medios para conseguirlo. Justo lo contrario de lo que han hecho hasta el momento los intelectuales firmantes del Manifiesto.
Ignacio Sánchez-Cuenca es profesor de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid.
SENTENCIA DEL PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE 23 DE DICIEMBRE DE 1994:
"Más concretamente, cabe observar, en segundo término, que el contenido del deber constitucional de conocimiento del castellano --que este Tribunal ha precisado en la STC 82/1986-- no puede generar un pretendido derecho a recibir las enseñanzas única y exclusivamente en castellano. Pues tal derecho no se deriva del art. 3 C.E. ni del art. 3.3 del E.A.C. al que se remite el art. 3.2 C.E. No cabe olvidar, en efecto, que de la cooficialidad de la lengua propia de una Comunidad Autónoma se derivan consecuencias en lo que respecta a su enseñanza, como hemos reiterado en anteriores decisiones (SSTC 87/1983, fundamento jurídico 5.; 88/1983, fundamento jurídico 4. y 123/1988, fundamento jurídico 6.). Al igual que hemos dicho, en lo que importa al presente caso, que no puede ponerse en duda la legitimidad constitucional de una enseñanza en la que el vehículo de comunicación sea la lengua propia de la Comunidad Autónoma y lengua cooficial en su territorio, junto al castellano (STC 137/1986, fundamento jurídico 1.), dado que esta consecuencia se deriva del art. 3 C.E. y de lo dispuesto en el respectivo Estatuto de Autonomía. Doctrina que, aunque sentada para un modelo de bilingüismo en la enseñanza basado en la elección de la lengua cooficial en la que aquella ha de recibirse --como es el caso del País Vasco--, es igualmente aplicable a un modelo basado en la conjunción de ambas lenguas cooficiales, como es el que inspira la Ley 7/1983, del Parlamento de Cataluña.
De otra parte, también desde la perspectiva del art. 27 C.E. ha de llegarse a la conclusión de que ni del contenido del derecho constitucional a la educación reconocido en dicho precepto ni tampoco, en particular, de sus apartados 2, 5 y 7 se desprende el derecho a recibir la enseñanza en solo una de las dos lenguas cooficiales en la Comunidad Autónoma, a elección de los interesados. El derecho de todos a la educación, no cabe olvidarlo, se ejerce en el marco de un sistema educativo en el que los poderes públicos --esto es, el Estado a través de la legislación básica y las Comunidades Autónomas en el marco de sus competencias en esta materia-- determinan los currículos de los distintos niveles, etapas, ciclos y grados de enseñanza, las enseñanzas mínimas y las concretas áreas o materias objeto de aprendizaje, organizando asimismo su desarrollo en los distintos Centros docentes; por lo que la educación constituye, en términos generales, una actividad reglada. De este modo, el derecho a la educación que la Constitución garantiza no conlleva que la actividad prestacional de los poderes públicos en esta materia pueda estar condicionada por la libre opción de los interesados de la lengua docente. Y por ello los poderes públicos --el Estado y la Comunidad Autónoma-- están facultados para determinar el empleo de las dos lenguas que son cooficiales en una Comunidad Autónoma como lenguas de comunicación en la enseñanza, de conformidad con el reparto competencial en materia de educación".
Que si, que esa sentencia dice que no es inconstitucional emplear el catalan (gallego, vasco,...) como lengua vehicular de la enseñanza.
Lo que pasa es que como no existe un deber estatutario o legal del conocimiento del gallego, dicho conocimiento sólo se puede ofrecer y nunca imponer a todos.
No existe el deber de cocnocer el gallego, solo el derecho a conocerlo y usarlo (o a no conocerlo ni usarlo). Dicho deber fue declarado inconstitucional.
Por tanto la Xunta podra ofrecer el gallego en todos los ambitos incluido el educativo, algo que nadie cuestiona, pero no puede imponerlo como obligatorio a todos por que seria ilegal e iria en contra de la persona que quiere educar a sus hijos en la otra lengua, la suya, el español.
No, esa sentencia lo que dice es QUE NO EXISTE EL PRETENDIDO DERECHO DE LOS PADRES A ELEGIR EL IDIOMA EN QUE DESEAN ESCOLARIZAR A SUS HIJOS.
Léase bien la sentencia:
"El contenido del deber constitucional de conocimiento del castellano --que este Tribunal ha precisado en la STC 82/1986-- no puede generar un pretendido derecho a recibir las enseñanzas única y exclusivamente en castellano. Pues tal derecho no se deriva del art. 3 C.E. ni del art. 3.3 del E.A.C. al que se remite el art. 3.2 C.E."
"...no puede ponerse en duda la legitimidad constitucional de una enseñanza en la que el vehículo de comunicación sea la lengua propia de la Comunidad Autónoma y lengua cooficial en su territorio, junto al castellano"
"De otra parte, también desde la perspectiva del art. 27 C.E. ha de llegarse a la conclusión de que ni del contenido del derecho constitucional a la educación reconocido en dicho precepto ni tampoco, en particular, de sus apartados 2, 5 y 7 se desprende el derecho a recibir la enseñanza en solo una de las dos lenguas cooficiales en la Comunidad Autónoma, a elección de los interesados".
MÁS CLARO, AGUA. Y LO DICE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL REINO DE ESPAÑA, NO LOS "NAZIS" GALLEGUISTAS.
VOTO PARTICULAR DE LA SENTENCIA DEL TC 337/1994 QUE DECLARA QUE NO ES CONTRARIO A LA CONSTITUCION IMPONER LA LENGUA CATALANA COMO VEHICULAR EN LA ENSEÑANZA:
Voto particular discrepante que formula el Magistrado Excmo. Sr. don Eugenio Díaz Eimil a la Sentencia dictada por el Pleno del Tribunal en la cuestión de inconstitucionalidad núm. 710/94, en relación con determinados preceptos de la Ley catalana 7/1993, de 18 de abril, de Normalización Lingüística.
Formulo este voto desde el más absoluto respeto a las culturas bilingües existentes en España, a una de las cuales me honro en pertenecer y tengo asumida como substrato esencial de mi propia identidad personal, lo cual, claro está, no constituirá condicionamiento alguno que me impida abordar con criterios de estricto rigor lógico-jurídico el problema esencial que se plantea en esta cuestión de inconstitucionalidad.
Mi discrepancia con la Sentencia es amplia y abarca varios de los temas que en la misma se resuelven, pero considero, sin embargo, suficiente limitarla al enjuiciamiento constitucional que merece la política de inmersión lingüística ordenada en la Ley cuestionada, en la medida en que declara el catalán lengua vehicular de la enseñanza, imponiéndola como tal en la enseñanza no universitaria de manera obligatoria y sin solución alternativa que permita, a los que así lo decidan, elegir el castellano como lengua docente .
La Sentencia llega en esta cuestión a una conclusión de constitucionalidad que, a mi juicio, adolece en la argumentación de un error inicial sobre el lugar normativo-constitucional en que corresponde situar la cuestión planteada, error que altera sustancialmente su verdadera naturaleza y que consiste en desplazar el problema hacia el art. 27 de la Constitución y, a partir de ahí, introducir criterios derivados del derecho a la educación que, si bien resulta implicado en el tema, lo es solamente desde un segundo plano, puesto que lo realmente planteado es un problema de cooficialidad lingüística en el que no se debate de manera primaria los efectos limitadores de la lengua en la organización del sistema educativo, sino los límites constitucionales que las Comunidades Autónomas bilingües deben respetar en el ejercicio de su acción de política de fomento lingüístico.
Estos deben determinarse, en principio, desde el art. 3 de la Constitución, que es el que consagra el modelo de bilingüismo que acoge nuestra Constitución y, por tanto, el que establece, completado por los correspondientes preceptos estatutarios, los principios y derechos que configuran ese modelo a partir del cual debe obtenerse la solución del problema con independencia de cuál sea el ámbito administrativo o sector material sobre el que se proyecta la acción política, sea la enseñanza o cualquier otro distinto, sin perjuicio de que, en caso de no conseguirse desde esa perspectiva general de los derechos lingüísticos una solución satisfactoria, se deba, de manera subsidiaria, indagarse si es posible extraer criterios específicos desde el derecho a la enseñanza.
El art. 3 de la Constitución, completado por el art. 148.1.17 de la propia Constitución y en lo que aquí interesa por el art. 3 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, establece un modelo de cooficialidad lingüística en el que, respecto a las lenguas autonómicas, es pieza esencial el principio de libertad de elección, conforme al cual todo residente en una Comunidad Autónoma bilingüe tiene el derecho de elegir, en sus relaciones con los poderes públicos, la lengua castellana como medio exclusivo de expresión lingüística, de tal forma que no se le puede imponer en contra de su voluntad el uso obligatorio del idioma autonómico.
Según los términos en que el art. 3 de la Constitución configura su reconocimiento del bilingüismo, la cooficialidad de las dos lenguas -castellano y la propia de la Comunidad Autónoma- no significa otra cosa que la atribución de plena eficacia y validez jurídicas a las manifestaciones hechas en cualesquiera de los dos idiomas cooficiales, pero en modo alguno el deber de conocer y usar la lengua vernácula, ni la atribución a las Comunidades bilingües de la facultad de imponerla en la enseñanza como lengua vehicular, sin posibilidad de hacer efectivo aquel derecho de elección.
Así lo dispone, de manera bien explícita, el art. 3 de la Constitución al establecer un tratamiento diferenciado entre el castellano y las lenguas autonómicas, respecto de las cuales no se declara el deber de conocerlo y, por consiguiente de usarlo, que se predica de aquél; tratamiento diferenciado que se introduce en la Constitución de manera plenamente consciente y deliberada, según acreditan los antecedentes y trabajos preparatorios del citado art. 3, en los que se discutió y rechazó la enmienda núm. 106, que proponía el reconocimiento expreso del deber de conocimiento de las lenguas oficiales distintas de la del Estado.
Por consiguiente, el art. 3 de la Constitución no permite interpretación que conduzca a negar el derecho de todos los españoles a preferir el castellano en sus relaciones con los poderes públicos, incluida la Administración educativa, y así lo ha reconocido y declarado, en términos que no dejan margen alguno a la duda, este Tribunal Constitucional por medio de sus SSTC 6/1982 -reconoce el derecho a recibir enseñanza en la lengua castellana-, 82/1986 -niega que exista obligación constitucional de conocer las lenguas propias de las Comunidades Autónomas-, 84/1986 -declara que la Constitución no impone el deber de conocer el idioma autonómico y que este deber no es inherente a la cooficialidad lingüística, siendo, en su consecuencia, inconstitucional el art. 1 de la Ley 3/1983 del Parlamento de Galicia, que imponía el deber de conocer el idioma gallego- y 137/1986 -reconoce a todos los ciudadanos el derecho a elegir con libertad real entre las dos lenguas cooficiales y legitima la enseñanza en euskera por la voluntariedad de su elección-; doctrina constitucional que no se debilita ni por las SSTC 195/1989 y 19/1990, en las que no se cuestionó el derecho a recibir enseñanza en la lengua cooficial libremente elegida -derecho que efectivamente había ejercido el interesado sin obstáculo alguno y que las Sentencias implícitamente aceptan-, sino el derecho a escoger el centro escolar en el que se pretendía recibir la enseñanza en esa lengua docente ya previamente elegida, ni por la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de 23 de julio de 1968, dictada en relación con un problema de minorías lingüísticas con residencia en territorio monolingüe, supuesto muy alejado del que aquí nos ocupa.
Este modelo de cooficialidad lingüística, en el que el conocimiento y uso de las lenguas autónomas se rige por el principio de libre elección encuentra su complemento, en lo que atañe a Cataluña, en el ya citado art. 3 de su Estatuto de Autonomía, según el cual, para cumplir el deber de garantizar el uso normal y oficial del castellano y del catalán, se impone a la Generalidad la obligación de adoptar las medidas necesarias para asegurar su conocimiento y crear las condiciones que permitan alcanzar las condiciones de igualdad en lo que se refiere a los derechos y obligaciones de los ciudadanos de Cataluña.
Con tal precepto autonómico se cierra el modelo constitucional de cooficialidad lingüística, en el que el derecho de conocer y usar el catalán se corresponde con la obligación de la Comunidad Autónoma de llevar a efecto la política de acción lingüística que permita a sus ciudadanos satisfacer ese derecho, si libremente optan por ejercerlo.
En cumplimiento de esa obligación, la Generalidad de Cataluña tiene un amplísimo campo de disponibilidad para proyectar y realizar, en todos los sectores de la vida política y social de la comunidad, las medidas que considere convenientes en orden a consolidar, profundizar y generalizar el conocimiento y uso del catalán, no existiendo obstáculo constitucional alguno para, además de incluir la enseñanza de este idioma en los planes de estudio -lo cual no discute nadie-, establecer un sistema educativo en el que se utiliza el catalán como lengua vehicular de la enseñanza, sea de manera exclusiva (como hace con la enseñanza primaria), sea en concurrencia con el castellano, pero siempre que contemple un sistema alternativo que permita a los ciudadanos catalanes y demás residentes en Cataluña, que así lo prefieran, elegir, para ellos o para sus hijos, la lengua castellana como lengua docente exclusiva.
En atención a ello, el sistema de inmersión lingüística que se articula en la Ley cuestionada no sería inconstitucional en sí mismo considerado, pero lo es en cuanto desconoce y niega el derecho a recibir la totalidad de la enseñanza en la lengua oficial del Estado.
Pero no lo entiende así la Sentencia, en la que se acoge la conclusión contraria al admitir, en manifiesta discordancia con la doctrina constitucional anteriormente expuesta, el deber de usar el catalán como lengua vehicular de la enseñanza; conclusión de la que discrepo en cuanto que presupone subvertir los verdaderos términos que conforman el modelo constitucional de bilingüismo, puesto que transmuta lo que es «obligación» de la Generalidad de satisfacer el derecho a conocer el catalán, en la «potestad» de imponer su conocimiento y uso con carácter obligatorio, convirtiendo así lo que es un «derecho» de conocimiento del catalán en un «deber» imperativo de conocerlo y usarlo sin posibilidad alternativa alguna.
Con tal sustancial alteración conceptual se destruye el principio de libertad de conocimiento y uso de las lenguas autónomas, que es el núcleo esencial del modelo de cooficialidad lingüística, según el modelo constitucional que no sólo es disconforme con la Constitución, sino que desconoce que, en territorios de cooficialidad lingüística, la identidad cultural de cada uno de sus habitantes debe ser consecuencia de un acto individual de libre aceptación, que no puede ser negado sin crear grave riesgo de dificultar, e incluso imposibilitar, la coexistencia pacífica, tolerante y de mutua comprensión entre los núcleos de población que conviven en el territorio bilingüe con distintos usos y prácticas idiomáticas cooficiales.
En su virtud, los derechos lingüisticos de todos los que forman parte de la sociedad bilingüe, es decir, en este caso, tanto los catalanes y residentes en Cataluña de lengua castellana como los que lo son de lengua catalana, requieren, por su trascendencia existencial, igual respeto, debiéndose evitar en todo momento cualquier clase de imposición lingüística, que impida a parte de la población convivir, en el seno de la sociedad y pueblo a los que pertenece, con sus propias señas de identidad cultural, en términos de libertad, que es un esencial valor que debe presidir de manera muy especial todo aquello que afecte al desarrollo de la personalidad, como sin duda sucede cuando se trata del derecho a usar la lengua cooficial que se considera ser la propia.
En consecuencia con todo ello, mi opinión es que todos los ciudadanos catalanes y residentes en Cataluña tienen derecho a elegir el castellano como lengua vehicular de la enseñanza, para sí o para sus hijos y que, por lo tanto, es inconstitucional que se imponga el catalán como lengua docente de obligado uso, sea de manera exclusiva, sea en concurrencia con el castellano, si se hace de forma tal que impida el ejercicio de aquel derecho de libertad; opinión que expreso desde el más incondicional acatamiento que merece la decisión de la mayoría.
Madrid, a veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro
GRACIAS SR. DIAZ EIMIL...
Estos son los señores que formaron el Pleno del Tribunal Constitucional (en la sentencia mencionada) que nos han jodido la vida a muchos españoles que vivimos en comunidades con otra lengua vernacula:
Excedtuando como no al ilustrisimo magistrado Don Eugenio DIaz Eimil, los demas que votaron a favor de la imposición del catalan, son:
Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer
Luis López Guerra
Fernando García-Mon y González-Regueral
Carlos de la Vega Benayas
José Gabaldón López
Alvaro Rodríguez Bereijo
Vicente Gimeno Sendra
Rafael de Mendizábal Allende
Julio Diego González Campos
Pedro Cruz Villalón
Carles Viver Pi-Sunyer
Estos 11 ilustres han jodido la existencia a muchos españoles pues gracias a sus interpretaciones muchos de nosotros no podemos educar a nuestros hijos en la lengua oficial del Estado.
Supongo que muchos de ellos viven felizmente con sus familias en comunidades monolingues disfrutando de su lengua (casualmente la misma que la mia) y les importa un carajo lo que pase en Cataluña, Vascongadas, Baleares, Galicia y Valencia (por ahora).
Gracias Sr. Diaz Eimil por discrepar y dar un voto tan razonable (se nota ue usted si vive en una comunidad bilingüe).Gracias
Hay que leer las sentencias completas y sacar tus propias conclusiones. Mi opinión coincide integramente y exactamente con el ilustrisimo magistrado Sr. Diaz Eimil y su voto particular.
LEASELO POR FAVOR. YA SE QUE ES UNO CONTRA EL RESTO, PERO LO QUE DICE ES MUCHO MÁS LOGICO, AL MENOS PARA MI.
Como ve no protestamos por protestar, estamos informados.
Vuelvo a decir que no se puede imponer un idioma que no tenemos el deber de cocnocer (fue declarado incostitucional).
Ni el Estatuto de autonomia de Galicia ni la LNL obligan al deber de conocer el gallego.
Por tanto, ESTOY EN MI DERECHO DE NO CONOCER EL GALLEGO NI USARLO.
Aun así, quiero conocerlo y que mis hijos lo aprendan tal y como yo lo hice, con una única asignatura de gallego. El resto en español y alguna en ingles no me importaria (por la utilidad de esa lengua).
Pero me niego a que prendan en gallego todas sus asignaturas troncales. No me da la gana. Lo siento, no es mi lengua ni la de ellos, sera la tuya. Tu especializate en tu lengua pero dejanos a nosotros vivir en paz con nuestra lengua propia: español, casualmente oficial en toda España. Y Galicia es España, no lo olvides.
Que mania de imponer y amenazar a la gente con tonterias como la segregación de los niños, etc....
Tiene facil arreglo: todos en español en España y ya esta, sin segregaciones.¿Quieres esto? Yo no.Cada uno que eliga lo que crea mejor para sus hijos, sin imposiciones.
Las lenguas no tienen derechos. Mis hijos y los tuyos si. No me jodas mis derechos por querer defender los tuyos. Respetame te lo ruego.
Gracias.
En España tenemos una lengua oficial y común a TODOS los españoles, además el deber de conocerla y el derecho a usarla.
No existe tal deber para las lenguas cooficiales o autoctonas de las comunidades bilingues.
En cumplimiento de la obligación de promover el gallego, la Xunta tiene un amplísimo campo de disponibilidad para proyectar y realizar, en todos los sectores de la vida política y social de la comunidad, las medidas que considere convenientes en orden a consolidar, profundizar y generalizar el conocimiento y uso del gallego, no existiendo obstáculo constitucional alguno para, además de incluir la enseñanza de este idioma en los planes de estudio -lo cual no discute nadie-, establecer un sistema educativo en el que se utiliza el gallego como lengua vehicular de la enseñanza, sea de manera exclusiva, sea en concurrencia con el español, pero siempre que contemple un sistema alternativo que permita a los ciudadanos gallegos y demás residentes en Galicia, que así lo prefieran, elegir, para ellos o para sus hijos, el español como lengua docente exclusiva.
En atención a ello, el sistema de inmersión lingüística no sería inconstitucional en sí mismo considerado, pero lo es en cuanto desconoce y niega el derecho a recibir la totalidad de la enseñanza en la lengua oficial del Estado.
Seguire por tanto exigiendo mi derecho individual a educar a mis hijos en español en España
No, si al final va a resultar que hasta los magistrados del Tribunal Constitucional son también NAZIS impositores.
A mi me da igual debatir -lo cierto es que empieza a aburrirme- pero lo que me molesta es que a todos los galleguistas se nos llame NAZIS por defender la enseñanza en los dos idiomas oficiales de Galicia, sin segregacionismos.
Y resultará que también el PP de Galicia, que desde 1983 ha prohibido el segregacionismo escolar por razón de lengua en la Ley de Normalización Lingüística, y en consecuencia el "derecho" de elección de los padres, TAMBIÉN ES UN PARTIDO NAZI Y TOTALITARIO. Y como los demás partidos le apoyaron, TAMBIÉN SON NAZIS Y TOTALITARIOS. Y todos los gallegos que votaron a los tres partidos gallegos con representación partalmentaria TAMBIÉN SON NAZIS Y TOTALITARIOS. Y todo el los apoye o simpatice con ellos, también.
Y al final resultará que los únicos que sois verdaderamente demócratas sois los que os dedicáis a llamar nazis y totalitarios al PP de Galicia, al PSOE, al BNG, al Tribunal Constitucional y a todo el mundo que no piensa como vosotros.
Pues no hombre, no. De eso nada. No se puede andar llamando nazi alegremente a todo el mundo que no piensa como uno por el simple hecho de discrepar, porque al final, resulta que los totalitarios, los nazis y los intolerantes, sois vosotros, que simplemente no admitís otras formas de pensar.
Yo tengo mis ideas, y respeto profundamente las ideas contrarias y acepto dialogar o debatir con quien no piensa como yo, siempre que me respete. Jamás le insultaría ni le llamaría nazi o facha o lo que sea, simplemente por no tener las mismas ideas que yo. Pero ya se ve que a alguna gente esto no le entra en la cabeza.
En la parte superior de todos los DNI dice:
ESPAÑA
(a alguno le sangran los ojos al leerlo...)
En la subida al CUVI (Universidad de Vigo) desde hace ya muchos meses un cartel publicitario pone:
PUTA ESPAÑA... Los politicos tenian que leer lo que reza en las pintadas de muchos edificios...
Y otros, corriendo a cambiar nombres de calles de Gatos y Perros Franquistas....Muertos, que ya están MUERTOS...
CAJOENXAAAAAAAA , sin non foxe polo Español, eiqui inda andariamos cos bois... en non en AUDIS
Cuanto odio se esta cosechando.
ODIO + CRISIS = ?
VIVA PORTUGAL!!!!!
¿¿Pero qué coño dices????
Ser galleguista no es lo mismo que ser anti-español, A VER SI TE ENTERAS DE UNA PUTA VEZ.
estamos na recta final para o gran dia presi, o domingo estaremos arroupandoche nesa proclamcion como candiddato e ala en Marzo ou cando Touriño queira estaremos arroupandoche xa coma presidente porque estas eleccions e esta maioria absoluta non se nos escapa hai que traballar e xa está feita.
POr certo cada qeu fale o que qeira entendemos o castelan coñecemos o ingles e falamos galego porque si porque me peta e porqeu quero e porqeu somos galegos e galeguistas
Anonimo dijo:
"No, si al final va a resultar que hasta los magistrados del Tribunal Constitucional son también NAZIS impositores."
¿Quien a dicho eso?¿Lo de nazis e impositores? Yo no lo he dicho. Solo he citado el voto contradictorio de uno de los magistardos y he dicho que opino exactamente lo mismo que él.
Y que los demás magistrados (de esa sentencia) nos han jodido la vida a muchos espñoles, que nos sentimos discriminados por no poder educar a nuestros hijos en su lengua propia, es cierto y algo obvio.
En Galicia se ha empezado a imponer el gallego a raiz de esta sentencia. Y empezo el PP con su Decreto del año 95....Recurrido por AGLI y modificado en el año 97.
Ahora esta el decreto de 2007.
Los 3 decretos, desde mi punto de vista son inaceptables pues no posibilitan que el que quiera pueda educar a sus hijos en la lengua oficial del Estado e imponen la lengua vernacula que NO TENEMOS EL DEBER DE CONOCER.
La única solución a esta barbaridad es que se legisle para que cada uno pueda estudir en la lengua oficial de su elección, teniendo la otra lengua como asignatura obligatoria. Tambien se puede ofrecer un sistema mixto 50-50 pero sera voluntario elegirlo o no.
Lo demás es siempre injusto pues con la disculpa de que hay que proteger una lengua se discrimina a los hablantes de la otra. LAs lenguas no tienen derecho, las personas si.
Anonimo dijo:
"POr certo cada qeu fale o que qeira entendemos o castelan coñecemos o ingles e falamos galego porque si porque me peta e porqeu quero e porqeu somos galegos e galeguistas"
Yo digo:
"POr certo cada quien que hable lo que quiera, entendemos el gallego calgunos conocemos el ingles y hablamos español porque si porque me peta e porque quiero y porque somos galegos y españoles"
Más o menos lo mismo ¿no?
A ver si legisla el parlamento europeo alguna norma que permita, a quien asi lo decida libremente, escolarizar a los niños en la lengua oficial del estado. Igual que en todos los paises europeos exceptuendo España.
Esa norma seria de rango superior a cualquiera nacional y arreglaria la barabaridad actual que imposibilita a muchos padres escolarizar a sus hijos en la lengua común de todos los españoles.
Ojala desde fuera se corrija este atropello, ya que desde dentro los politicos miran hacia otro lado...
"En los colegios, como en otros países con 2 lenguas oficiales, debe haber clase A todo en gallego por ej, y clase B todo en castellano, lo demás no es libertad sino sometimiento."
Meu deus. Eu dei clase toda a vida en castelán e meus pais, galegofalantes, se tiñan que emigrar era para ter traballo. Pero vostedes continúen coa demagoxia barata. Os únicos que buscan discriminar son vostedes, ao non permitir que o galego tamén teña o seu oco. No vaya a ser que mi hijo, al aprender un poquito de gallego, vote al Bloque. O se aldeice, eh?
Un pouco máis de cultura, de comprensión e menos exacerbarse e poñer o grito no ceo por nada, que despois os nenos teñen crises de ansiedade polos pais, non polo que aprenden na escola ou por ter matemáticas en galego.
oscarhino es que a mi tu lengua me importa un carajo y no tengo por que protegerla. Tu estudiala si quieres. Yo no tengo por que hacerlo. Prefiero estudiar en español.
Siento que hayas tenido la desgracia de estudiar en español siendo tu lengua el gallego. Eso no esta bien. Peor esta justificar la imposisicón del gallego con esa justificación pues parece que es una venganza.
Me alegro que ahora la administración ofrezca la posibilidad de estudiar en gallego para los hablantes de esa lengua. Pero debe ofrecer lo mismo para los hablantes de la otra lengua oficial de galicia: el español. ¿Por que?Por que somos muchos los que la hablamos y no necesitamos aprender tu lengua ni muchisimo menos aprender en tu lengua.
Protegela tu que a mi me importa bien poco.Que se le va a hacer, cada uno tiene sus preferencias...
Feijoo:
¿Podería molestarse en contratar un/a lingüista que lle corrixa o galego do seu blog? Sería unha mostra de respecto por unha das súas dúas linguas. Supoño que é pedirlle demasiado.
VEnga si más gastos estupidos...
"El gallego no es mi lengua ni la de mis hijos, lo siento y nunca lo sera."
A estos, si son padres, le van a salir hijos independentistas. Por pura reacción física
vaya elementos más "liberales"
Con todo o respecto, mesturar galegoe castelán como fai vostede nos seus videos "en galego" non é "Bilingüismo Harmónico". É unha mostra simple de hipocrisía.
«La diversidad lingüística de España es un valor incalculable del que todos deberíamos sentirnos orgullosos». «La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección».
¿No es increíble que estas dos aseveraciones, prácticamente coincidentes, respondan, sin embargo, a dos formas opuestas de enfocar el problema de las que el sociolingüista Miquel Siguan llamó «lenguas en contacto»? Lo es, sin ningún género de dudas.
La primera de las frases apuntadas fue pronunciada hace dos días por la secretaria xeral de Política Lingüística de la Xunta de Galicia, quien predica, al parecer, con convencimiento y firmeza similares, dos cosas por completo contradictorias entre sí: que la diversidad lingüística es en España un bien a conservar, mientras resulta en Galicia un mal -es decir, una patología- a erradicar. Solo así puede entenderse la política de obsesivo monolingüismo vernáculo que Marisol Soneira persigue desde la institución que tiene el honor de presidir.
Una política que nada tiene que ver con la que en buena lógica debería haberse derivado de la segunda de las frases del inicio, que recoge literalmente el texto del artículo 3.3 de nuestra ley fundamental. Y es que los constituyentes de 1978 también creían, como Marisol Soneira lo aparenta, que la diversidad lingüística de España era un bien digno de toda protección. Por eso establecieron un modelo de plurilingüismo constitucional que tendría que haberse traducido en un sistema de bilingüismo estatutario en las regiones con dos lenguas cooficiales.
¿Ha sido así como, en efecto, ha acontecido? En modo alguno: hoy es un secreto a voces que el plurilingüismo de la Constitución -previamente pasado por la proclamación estatutaria de las llamadas lenguas propias- se ha traducido en un monolingüismo vernáculo por virtud del cual en las regiones con dos lenguas cooficiales, una de ellas (la vernácula) ha desplazado institucionalmente a la otra hasta hacerla desaparecer prácticamente de las esferas oficiales. El castellano no existe, por ejemplo, institucionalmente, en ninguna de las tres Universidades de Galicia, aunque la inmensa mayoría de los profesores den sus clases en castellano y sea esa la lengua habitual de la mayoría de los estudiantes universitarios del país.
Tal deriva no solo contradice lo que la Constitución prevé con toda claridad, sino que ha terminado por provocar una amarga guerra de lenguas de la que sus impulsores quieren hacer responsables a sus víctimas. Algo así como que quien diera a otro de codazos para abrirse paso a la fuerza en una fila acusase después a los golpeados y burlados de quejarse a voz en grito
estoy muy alarmado por las declaraciones que ha realizado usted sobre el idioma y que los nacionalistas están celebrando con gran alborozo. Al parecer se inclina definitivamente por defender lo mismo que la direccion de políticas lingíística. Reparto de asignaturas para que los alumnos hablan despues "libremente"lo que quieran. Pues solo faltaría que les pusiesen un candado en la boca. Aclare su postura. Si no nos da el derecho para que decidamos nosotros en que idioma se educan, conmigo no cuente a partir de ahora. No se si Rosa diez tendrá candidato pero por mis hijas que la voy a votar aunque se presente el mismo chiquilicuatre.
Sr Núñez, non mais demagoxia con este asunto. A miña pregunta é moi simple, ¿cómo vou creer o que está decindo se foron vostedes os que favoreceron e impulsaron o nacemento desa política infame que agora sofrimos de anulación da liberdade de elección e imposición do idioma no que se educa ós nosos fillos? Polo que respeita ó meu voto, eu teño claro que si un partido me promete firmemente que vou poder educar aos meus fillos no idioma que eu decida, sin imposicións de ningún tipo, ese partido vai ter o meu voto. Pero a día de hoxe, non me creo nada de ningún. Moitas gracias.
Con motivo da crisis o alcalde de Agolada, no proximo pleno do 30 de decembro, aprobara a subida do seu soldo un 17%, e a do seu concellal de obras outro tanto.Explique esto os electores do pp en Agolada
María dijo: Democracia y libertad en España y en Galicia: un estado plurilingüe con una lengua común.
Sintetizo algunas cuestiones clave para una adecuada política lingüística escolar y administrativa.
Política lingüística escolar.
1) España debería tener una política lingüística propia de un estado plurilingüe con una lengua común. Por ello la norma estatal debería de garantizar que todos los niños escolarizados en España aprendan la lengua española y dediquen entre el 25% y el 75% del tiempo escolar a enseñanzas en la lengua común hispana, tanto en colegios públicos como privados. El resto del tiempo lo dedicarán a estudiar en otras lenguas españolas o extranjeras, garantizando que al menos un 15% se dedique a una o más lenguas extranjeras importantes para la comunicación en Europa.
2) Las regiones españolas que son Comunidades Autonomas con lengua propia cooficial podrán requerir que al menos un 25% de la enseñanza se realice en la lengua regional y propiciar, sin imposiciones, que existan centros que impartan hasta un 60% en dicha lengua, garantizando que se imparta al menos un 25% en lengua española y un 15% en una o más lenguas extranjeras importantes para la comunicación en Europa.
3) En esas Comunidades Autónomcas con lengua regional cooficial, los colegios privados, tanto si son subvencionados como si no, tendrán libertad de elegir las lenguas en las que imparten las enseñanzas, con respeto a dichos límites: al menos un 25% se imparte en la lengua regional, al menos un 25% en lengua española y al menos un 15% en una o más lenguas extranjeras europeas.
4) Los colegios públicos deberán de respetar la pluralidad de opciones de los padres, de forma que en los municipios con varios centros públicos algunos oferten una enseñanza mayoritariamente en lengua española y otros mayoritariamente en lengua gallega, e incluso algunos en porcentaje igual en ambas lenguas. En los municipios con un único centro escolar público se establecerá como criterio general la enseñanza mayoritaria en la lengua que elijan la mayoría de los padres, pero con flexibilidad para que algunas materias se puedan impartir optativamente en la otra lengua oficial demandada por otros padres.
Política lingüística administrativa:
5) Sobre la política lingüística de la Administración autonómica está claro que debe haber bilingüismo y flexibilidad: los letreros deben ser mayoritariamente bilingües en los centros públicos, y tanto los administrados como los funcionarios deben entender en general ambas lenguas (española y gallega) y tener libertad de elegir, cuando hablan y cuando leen o escriben, en la que prefieran, pues esa convivencia es posible y deseada por la mayoría.
Comentario final: Estoy de acuerdo con los comentaristas que señalan que el equivocado sistema electoral español, de listas cerradas y bloqueadas, ha concedido un poder excesivo a varios grupos minoritarios nacionalistas que no saben respetar, ni a minorías ni a mayorías, y sólo quieren imponer su particular punto de vista. Ese defecto del sistema electoral español, y la falta de una política lingüística común del Estado, es la raiz de los problemas de falta de respeto a la libertad lingüística de los padres.Esperemos que los españoles no tardemos muchos años en cambiar ese mal sistema electoral y deseo que podamos avanzar a sistemas democráticos como el francés, el inglés o el alemán que garantizan un mayor respeto a la voluntad de la mayoría con respeto a las minorías de forma equilibrada.
Sr. Feijoo, como militante del PP de Vigo hecho de menos una versión en español de su blog.
Los que defendemos la libertad lingüística parece que no encontramos en ud a un aliado
Viva o trilingúismo e a liberdade! fora os extremismos do BNG e certos sectores do Psoe con esta postura Sr. Feijoo gañara as eleccions non o dude
Lo que realmente dice el informe sobre la aplicación en España de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias:
Atención especial a lo que se dice en el párrafo 1035 (pág. 128 del informe), así como en la conclusión H (pág. 149/150 del informe):
"10355. Al igual que para las otras lenguas de la Parte III [una clasificación, vendrían a ser las cooficiales], el Comité de Expertos recuerda que España ha optado por el mayor nivel de compromiso en lo que atañe a la educación preescolar, primaria y secundaria; es decir, hacer que en todos los niveles sea posible la educación en la lengua minoritaria o regional. El Comité de Expertos entiende que este compromiso significa que se facilitará la educación en gallego en los territorios donde se use el gallego.LA CARTA NO PIDE UNA EDUCACIÓN OBLIGATORIA EN GALLEGO PARA TODOS LOS ALUMNOS, SÓLO QUE TAL EDUCACION SE FACILITE DE TAL MANERA QUE TODOS LOS ALUMNOS RECCIBAN LA EDUCACIÓN EN GALLEGO SI LOS PADRES ASÍ LO ELIGEN."
"H. En la mayor parte de las comunidades autónomas, la educación en la lengua cooficial se basa en un modelo con estructura bilingüe. Sin embargo, eso no se corresponde con los comopromisos adoptados por España, que implican una oferta de modelos educativos impartidos esencialmente en las lenguas regionales o minoritarias. El desarrollo de un modelo de "inmersión total" como cúspide del modelo bilingüe es el objetivo hacia el que todas las comunidades autónomas implicadas deeberían aspirar en vista a cumplir gradualmente con los compromisos adquiridos. Más aún, UN SISTEMA BASADO EN UNA EDUCACIÓN ESENCIALMENTE EN LA LENGUA SE SUPONE QUE SE HA DE FACILITAR PARA AQUÉLLOS QUE LLO SOLICITEN, PERO NO DE MANERA OBLIGATORIA A TODOS LOS NIÑOS".
PRINCIPALES ARGUMENTOS UTILIZADOS POR LOS SECTORES QUE PRETENDEN IMPONER LA LENGUA
Existe un proyecto dirigido a una normalización lingüística de la sociedad gallega (entendiendo como "normalización" el uso prácticamente exclusivo del gallego), que ignora los derechos fundamentales, amparados por la Constitución Española y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, de todos aquellos gallegos y no gallegos, habitantes de Galicia, que pretendan usar la lengua española en su vida y ambiente habituales.
Las fuerzas sociales que pretenden esta galleguización impositiva tratan de fundamentar esta nueva dictadura lingüística en una serie de verdades a medias, cuando no de falacias evidentes, de las que vamos a entresacar y tratar de rebatir las más usuales.
1º) "El gallego es la lengua propia de Galicia. El castellano es una lengua ajena."
Las lenguas no son propias de ninguna tierra o lugar, sino de las personas que las hablan. El idioma de Galicia será el idioma que hablan los gallegos, y muchos de éstos tienen el español como lengua propia.
2º) "El gallego es hablado por la mayor parte de la población de Galicia."
Esta aseveración no está avalada por ningún tipo de encuesta oficial, y no se corresponde en absoluto con la realidad.
Por otra parte, convendría realizar también encuestas no sólo sobre el idioma que utilizan los gallegos, sino sobre el que prefieren utilizar. Existen estadísticas realizadas por la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de La Coruña, incluyendo algunos colegios de la zona rural, que demuestran claramente que los padres prefieren de forma abrumadoramente mayoritaria una enseñanza totalmente en castellano para sus hijos. En el citado estudio del CIS se señala que cerca de los dos tercios de la población gallega es partidaria de que el castellano sea la lengua principal en la enseñanza, mientras que sólo un 26 % prefiere el gallego.
3º) "Los derechos individuales deben subordinarse a los derechos colectivos."
Un derecho como el de la propiedad privada, efectivamente, debe estar subordinado al bien común, con el fin de que exista justicia social. Sin embargo, una cuestión personal (y en algunos casos, ideológica), como el idioma, no puede considerarse como un bien común, aunque se quiera utilizar como "señal de identidad nacional". En el caso del idioma, el pretendido derecho colectivo al gallego está garantizado por la cooficialidad, ya que a nadie se le impide usar el gallego. Un derecho colectivo está garantizado cuando todos los individuos pueden ejercer tal derecho, y no cuando se obliga a que cada uno lo ejerza.
Desgraciadamente, la historia está llena de dictadores que quisieron que unos pretendidos derechos colectivos -¿quién los define?- prevaleciesen sobre los individuales. Todas las Constituciones de los países democráticos, así como la Declaración de los Derechos Humanos, están dirigidas fundamentalmente a la defensa de los derechos individuales, no a proteger los derechos colectivos.
4º) "Los padres no pueden opinar en cuanto a la ordenación académica en materia de enseñanza."
Si un ciudadano puede expresar libremente sus opiniones, cuanto más los padres en relación con la enseñanza de sus hijos. Efectivamente, los planes de estudios y materias a impartir deberán ser confeccionados por expertos educativos al servicio de la Administración, que realizarán el ordenamiento académico conveniente para el país de que se trate. Pero este ordenamiento deberá realizarse teniendo en cuenta los condicionantes sociales y lingüísticos del momento. En materia lingüística, ha de ofrecerse la enseñanza en las lenguas oficiales y habladas por los que van a recibirla. Pero en cualquier caso, debe existir la opción de elegir libremente el idioma de escolarización.
5º) "Discriminación positiva."
Con el lema de que no se puede tratar con igualdad a los desiguales, se está realizando una discriminación lingüística en favor del gallego, que se da en llamar "positiva". Una discriminación es siempre, pura y simplemente, una discriminación, concepto que no admite matices; y si es positiva para unos, será negativa para otros. La supervivencia de una lengua, el apoyo que pueda merecer para su desarrollo e instauración no pueden estar por encima de los derechos de las personas. Las lenguas están al servicio de las personas, de quienes son un vehículo de expresión, y no al revés. Recordemos que el Estado es para el hombre, y no el hombre para el Estado, excepto en los sistemas totalitarios.
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